En los últimos días el gobierno nacional presentó al Parlamento su propuesta de Presupuesto para el año 2018. Tres son las claves que lo caracterizan. Tarifazo, ajuste y endeudamiento. El primero de los puntos surge al observar que la estrategia de control (reducción) del gasto público se asienta centralmente en la reducción de los subsidios. Así, mientras la evolución del Gasto total para el año próximo es de un 16%, la caída en el rubro que contiene los subsidios (Servicios Económicos ) es de un 8,1% , porcentaje este que al computar la propia pauta de precios que estima el gobierno supone una caída en términos reales del 20,6%. En particular considerando los subsidios de carácter energético, la reducción real supera el 38%. Por tanto, lo primero a señalar es que el Gobierno confía en poder seguir transfiriéndole al conjunto de los hogares la reducción del gasto vía aumento de las tarifas de luz y gas, así como también a través del incremento de los costos del transporte (Ej: Boleto de colectivo).
Este ajuste sobre las condiciones de vida de la población se agrava al observar que el gasto general del Estado considerado a la luz de una pauta de precios más razonable que la que presenta el oficialismo caería alrededor de un 3%. Y dentro de este, el gasto social considerando no solo la evolución de los precios sino el hecho de que se ha incrementado el número de personas en situación de indigencia (es decir necesitadas de la asistencia estatal, a fines de este año habrá 401.300 indigentes más que a finales del 2015) será de acuerdo al presupuesto un 6,5% inferior al de este año y 16,8 % menor al vigente a finales del 2015. Tarifazo y ajuste del gasto social sobre la población más postergada definen los rasgos de inequidad de un presupuesto que a la vez se sostiene en la profundización del espiral de endeudamiento puesto en marcha por el gobierno de Macri desde su asunción.
Para el año 2018 el Gobierno le pide al Parlamento autorización para incrementar el endeudamiento en 46.500 millones de dólares, cifra esta que de concretarse implicaría que en apenas tres años el Gobierno de Cambiemos habría incrementado el endeudamiento en 120.000 millones de dólares.
A la vez, el rubro del gasto correspondiente al pago de los intereses de la deuda asciende a 285.000 millones de pesos siendo este el de mayor expansión respecto a todos los rubros del gasto. Los pagos por deuda superan así lo destinado a Universidades, Defensa y Seguridad, Salud, Educación, Cultura, Vivienda y Urbanismo y Servicios Económicos. El colmo del absurdo se expresa al observar que el Ministerio de Economía presenta el Presupuesto mostrando un descenso del déficit primario (que computa los gastos sin intereses de la deuda) pero a la vez al computar los intereses que se pagan ese mismo déficit crece respecto al año pasado. Es decir, que la Argentina durante el gobierno de Macri se dedica a tomar deuda nueva para pagar deuda vieja en un esquema que reproduce la lógica del endeudamiento perpetuo, y a proponer una estrategia imposible de reducción del déficit ya que cada vez que se reducen los gastos en rubros necesarios para el desarrollo social y económico, al mismo tiempo se expanden los gastos asociados al pago de la deuda.
Como un perro que se muerde la cola, el gobierno propone una lógica irracional que radica en endeudarse mientras ajusta el gasto y las condiciones de vida de la población, para volver a endeudarse a efectos de financiar un déficit que se sigue expandiendo por el solo hecho de haberse endeudado. Como si esto fuese poco, el Proyecto de Presupuesto ha sido presentado en simultáneo con otros tres proyectos de Ley. Por un lado, el de Responsabilidad Fiscal que, sintéticamente, induce el ajuste sobre los Estados Provinciales; la Modificación del Impuesto al Cheque que transfiere el 70% de la recaudación de este al ANSES indicando la crisis de financiamiento en el que este se encuentra, y la Ley de Revalúo fiscal ( o ajuste por inflación de los activos empresarios) que al tiempo que rebaja el pago futuro de ganancias de las empresas, fija una contribución especial para este año lo cual denota que el Estado seguirá necesitando en el 2018 de recursos extraordinarios para financiarse. Ratificando este punto, el Ejecutivo de la prolijidad fiscal establece además en el art.89 del Presupuesto la descapitalización en 20.000 millones de pesos del Banco Nación para financiar al Tesoro.
Podríamos finalizar esta reseña del presupuesto describiendo el país que este tipo de política propone. En realidad, contradiciéndose en sus propios argumentos, el gobierno que dice querer reducir los costos laborales para mejorar la competitividad, termina incrementándolos. Si los precios de los alimentos evolucionan por encima del resto y se encarecen los servicios básicos de luz, gas, etc., esto incrementa los costos de la reproducción elemental de la fuerza de trabajo. Esto induce a una elevación de las demandas salariales que en tanto no son compensadas en su totalidad, el resultado es el deterioro de la fuerza laboral y a la vez la falta de recursos para demandar bienes industriales que excedan lo más elemental. Es decir, que el gobierno de Macri al tiempo que incrementa los costos del sector industrial por la vía de incrementar el precio de los alimentos, de la energía e incluso los costos financieros vía la política de tasas del Banco Central, reduce el mercado interno de bienes industriales, el cual a la vez es amenazado por una mayor permisividad en el ingreso de importados.
Al centrar su política en la transferencia de renta a los sectores del agronegocio exportador y a las petroleras, y en el premio a la valorización financiera, incrementa los costos del sector industrial, deteriora los salarios y achica el mercado interno. En suma, esta irracional política de ajuste y endeudamiento, plagada de contradicciones e inconsistencias que cuestionan todos los supuestos planteados por el oficialismo en el presupuesto (inflación, crecimiento, exportaciones, importaciones, etc.), y que a la vez lleva implícitas condiciones que favorecen la reproducción de crisis sociales y externas como enseña de manera elocuente la historia argentina reciente, es a la vez una política compatible con la consolidación de un modelo productivo extractivista y desindustrializador, depredador de los recursos naturales y el ambiente.
CLAUDIO LOZANO
Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas
P residente del Partido Unidad Popular
Diputado Nacional (M.C.)