Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, sostuvo que “el gobierno de Macri acaba de proponerles a los argentinos un escenario de confrontación social. La corrida cambiaria de abril y mayo ha gestado el escenario para un acuerdo con el FMI que desconoce la institucionalidad, es profundamente destructivo en términos sociales y es inconsistente económicamente.
En primer lugar, debe quedar claro que este acuerdo no puede ser aprobado sin que previamente sea analizado y autorizado por el Parlamento Nacional.
Esto es así, tanto porque se está aumentando el endeudamiento en más de 50.000 millones de dólares para los próximos años y el único que puede hacer esto es el Congreso Nacional, como porque se están modificando pautas correspondientes al Presupuesto 2018 que fueran acordadas por el Parlamento en su momento.
En segundo lugar, el gobierno ya le ha dicho a la CGT que los salarios deberán caer en promedio y como mínimo durante el 2018, un 7% (resultado de paritarias de un 20% de aumento salarial frente a una inflación en el 2018 superior al 27%).
Esta caída del poder adquisitivo se agrega a la pérdida ya acumulada desde el momento en que asumiera el gobierno de Macri.
En tercer término, el acuerdo define un recorte del presupuesto de 284.400 millones de pesos (65.400 millones en el 2018 y 219.000 millones en el 2019) que se sentirán en términos de nuevos tarifazos, caída de los salarios y nuevos despidos de trabajadores estatales, freno a la obra pública y reducción de las transferencias a las provincias. En síntesis, un programa regresivo que se articula con el monto de dólares que el Fondo está prestando.
Este es el cuarto punto a destacar. Los 50.000 millones de dólares anunciados parecen mucho pero no lo son tanto. El agujero de dólares de la Argentina en el 2017 ascendió a 40.000 millones de dólares. Por ende, esto indica que la cifra propuesta por el organismo obliga a achicar profundamente las necesidades de financiamiento de la economía. Además, el Fondo solo entregará ahora 15.000 millones de dólares, los desembolsos futuros llegarán sí y sólo sí se cumplen las metas comprometidas. Además, el Tesoro debe pagarle al Banco Central, 25.000 millones de dólares en tres años, con lo cual sólo quedan limpios para nuestros problemas de financiamiento, 25.000 millones de dólares. Esto implica que no sólo la Argentina deberá bajar sustancialmente la fuga de capitales y el consumo de dólares por el turismo en el exterior, sino que deberá comprimir sus importaciones a través de una baja sustantiva del nivel de la actividad económica. Es decir, recesión.
Inconstitucionalidad, caída salarial, ajuste fiscal, recesión, desempleo, pobreza y aumento del endeudamiento son las secuelas de este acuerdo, que dadas sus inconsistencias, nos condena a una suerte de ajuste sin fin que no resuelve absolutamente nada.
La última vez que la Argentina buscó el déficit cero en el marco del aumento del endeudamiento fue con Cavallo en el final de la convertibilidad. Argentina ingresó en un cuadro híper recesivo que duró cuatro años, en los cuales la actividad cayó un 20% y la pobreza superó el 50% de la población”.